ABC/ Editorial
Mientras el Gobierno sigue siendo incapaz de tomar medidas que generen la confianza imprescindible para luchar contra la crisis, la gente confía en las instituciones vinculadas con la Iglesia para recibir un apoyo imprescindible en las circunstancias actuales. Ayer informaba ABC sobre la labor que Cáritas Española desarrolla a través de su programa de empleo al que acudieron en 2009 cerca de 96.000 personas, un 28,14 por ciento más que el año anterior. Aunque la mayoría siguen siendo mujeres, personas con estudios básicos e inmigrantes no comunitarios, es llamativo el incremento notable de varones españoles. La Iglesia atiende a todos sin excepción y no establece requisitos de sexo, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social. Por eso, cuando Rodríguez Zapatero impulsa la política de laicismo radical al servicio de dogmas ideológicos e intereses partidistas debería ser consciente de la contribución de las instituciones religiosas a paliar los efectos de una situación dramática. En efecto, bajo los datos macroeconómicos se oculta el día a día de muchas personas especialmente vulnerables por sus circunstancias particulares. Cáritas no sólo les ofrece unas ayudas básicas, sino que también estimula su adaptación al medio social y las sitúa ante un horizonte de justicia y dignidad. Cumple así una función muy positiva que merecería ser reconocida por los poderes públicos, como ya lo es por el conjunto de la sociedad, al margen de prejuicios, partidismos e intereses particulares.
No se trata sólo de medidas concebidas exclusivamente para la protección de contingencias inmediatas, sino también de actividades formativas y de fomento de una economía social para la búsqueda de empleo a personas con dificultades para su inserción en el mercado laboral. Las administraciones públicas tienen el deber de contribuir al sostenimiento de estas actuaciones con una financiación razonable, pero también es obligado que reconozcan esa labor abnegada y eficaz. Allí donde no llegan el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, la Iglesia sí lo consigue, alcanzando a las capas más profundas del tejido social. Es fácil de entender que esa necesidad responde al arraigo histórico, cultural y sociológico del catolicismo en España. Sin embargo, los sectores laicistas prefieren cerrar los ojos a la evidencia y actúan con notable desprecio -y a veces con abierta hostilidad- hacia unas instituciones que son modelo de solidaridad.
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